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En España, la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) obliga a fabricantes y distribuidores a asumir los costos y la organización de la gestión de los residuos de envases.
Tradicionalmente esto solo se aplicaba a los de carácter doméstico, pero con las recientes actualizaciones legislativas (la Ley de Residuos y el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases) se ha ampliado también a los comerciales e industriales, reforzando de este modo un viejo principio legal: quien pone en el mercado un producto envasado debe hacerse cargo también de su gestión como residuo.
La legislación establece así que para las empresas es obligatorio, o bien estar adheridas a un SCRAP, un Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor, o bien contar con uno individual, lo que se conoce como SIRAP, publica El Economista de España.
Para la gran mayoría de las compañías, lo más práctico suele ser adherirse a un sistema colectivo que gestione los residuos y facilite el control de los envases puestos en el mercado y que cuenta ahora con una entidad propia para la gestión de los comerciales.
Estos envases no están disponibles para su compra por parte del consumidor, de modo que el residuo se genera en el comercio y es este el encargado de su gestión.
A raíz del cambio legislativo, se creó una asociación con unas 40 empresas para la gestión de los envases comerciales, a las que se han ido adhiriendo las distintas empresas.-
